Un ayuntamiento envió por e-mail a uno de los sindicatos un listado con datos personales de los trabajadores del centro a los que se habían concedido ayudas médicas y escolares. El ayuntamiento no disponía del consentimiento expreso de los afectados para facilitar sus datos a los afiliados del sindicato,el técnico de relaciones laborales del ayuntamiento, que estaba afiliado a uno de los sindicatos con presencia en el ayuntamiento, reenvió por e-mail ese listado a los afiliados de cuatro sindicatos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) realizó una inspección en el ayuntamiento e impuso al sindicato una sanción de 601,01 euros por infracción leve del deber de secreto (art. 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD). En concreto, la AEPD consideró que el sindicato había vulnerado el deber de secreto al difundir entre los trabajadores afiliados los datos personales de diversos trabajadores del centro de trabajo, sin su consentimiento.
La AEPD entendió que la conducta del sindicato no podía ampararse en el derecho fundamental de libertad sindical, al no ser «un derecho ilimitado y que encuentra sus límites en otros derechos constitucionalmente protegidos como la protección de datos».
Además, la Agencia consideró que en ningún caso puede entenderse que para el ejercicio del derecho de libertad sindical se pueda disponer «de manera incondicional de los datos personales de un tercero y que éste deba además soportar que sus datos sean conocidos por cualquiera».
Al no estar de acuerdo con la resolución de la AEPD, el sindicato presentó un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que falla a su favor. En su sentencia, la Audiencia deja claro que cuando se produce una confrontación de derechos fundamentales, como son la protección de datos y el derecho de libertad sindical, «hay que ponderar los intereses enfrentados» y, en función de cada caso concreto, determinar qué interés merece «mayor protección».
Y en este caso, la Audiencia entiende que se ha demostrado que la información difundida se considera «relevante desde el punto de vista laboral, al incidir en las relaciones laborales» (puesto que lo que se comunica son ayudas concedidas a determinados trabajadores, a las que pueden acceder si cumplen determinadas circunstancias y requisitos) y la difusión se ha limitado «al centro de trabajo al que pertenecen los afiliados al sindicatos», por lo que prevalece el derecho de libertad sindical.
Finalmente, respecto a que el ayuntamiento no disponía del consentimiento de los afectados para facilitar sus datos a los afiliados del sindicato, la Audiencia entiende que dicho consentimiento «no es necesario por ampararle el artículo 6.2 de la LOPD», puesto que se trata de información que fue facilitada por el ayuntamiento «en virtud de las obligaciones que éste ha asumido frente a las secciones sindicales».
