Se trata de un caso donde los trabajadores reclaman que su grupo de empresas, a las cuales demandan en conflicto colectivo, faciliten la jubilación voluntaria en cualquiera de sus modalidades, entre las que se encuentra la jubilación parcial, porque así se pactó en el Convenio colectivo de las empresas.
Por parte de la Audiencia se reconoce que dicho Convenio es aplicable a las cesionarias hasta que entre en vigor un nuevo convenio, el convenio está vigente y la cláusula convencional es normativa y no obligacional puesto que no regula absolutamente ninguna obligación recíproca entre los negociadores del convenio, sino el compromiso de la cedente de facilitar la jubilación voluntaria en sus diferentes modalidades a sus trabajadores.
Se desestima la obligación de la empresa de facilitar jubilaciones parciales, que comporte la realización de contratos de relevo, porque se lo impiden normas legales, que prevalecen sobre el convenio, esto es, los arts.3.3 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, así como los arts.23.3 de las Leyes 2 y 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado.
Por consiguiente, si el presupuesto, para la jubilación parcial, es la suscripción de un contrato de relevo en los términos exigidos por los arts.12.7 ET y 166.2 LGSS y las Entidades Públicas no podían realizar contratos de relevo, porque se lo impedían las normas citadas, se hace evidente que no estaban en condiciones de facilitar la jubilación en los términos convenidos, porque las normas legales prevalecen sobre los convenios colectivos.
Por el contrario, no hay razón alguna para que las empresas demandadas no faciliten la jubilación parcial, regulada en el art.166.1 LGSS, puesto que dicho precepto no obliga a la suscripción de contrato de relevo y están obligadas a facilitar dichas jubilaciones parciales, cuando se soliciten por los trabajadores y concurran los requisitos exigidos por el precepto antes dicho.
