La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha validado la instalación de cámaras ocultas en una empresa de impresión y artes gráficas, con 141 empleados y 104 años de antigüedad en el sector, que despidió a uno de sus empleados tras descubrir que estaba robando cartuchos de tóner.
El empleado era un oficial de máquinas con contrato indefinido, una antigüedad de 18 años, se le aplicó un despido disciplinario.
Fue el jefe de la Sección de Preimpresión de la empresa el que descubrió que en tres ocasiones previas faltaban cartuchos de toners del almacén donde se guardaban. Concretamente, en un cuartito al que se accedía desde el área de preimpresión, que no tenía cerrojo. Lo que puso en conocimiento del director de informática, responsable de videovigilancia y seguridad.
Con el visto bueno de la Dirección, se instaló una videocámara en el citado almacén durante 4 o 5 días.
CÁMARAS OCULTAS
En la madrugada del periodo vigilado, el empleado ladrón, que cumplía el turno de entre la 1:15 y las 7:15 de la madrugada, se introdujo en el almacén a las 4.15 a.m. La cámara grabó cómo tomaba tres tóneres, los metía en un sobre y se marchaba con ellos.
La empresa verificó que faltaban tres cartuchos de tóner tras lo cual el trabajador fue citado a las 17 horas de ese mismo día por el departamento de personal para exigirle explicaciones sobre estos hechos. Allí se le confrontó con la grabación. Negó ser él.
El trabajador interpuso una demanda alegando vulneración de derechos fundamentales. El Juzgado de lo Social 3 de Madrid ratificó el despido.
La medida adoptada, según el juez de primera instancia, de instalar la cámara de vídeo «fue idónea y necesaria. Fue adecuada a la finalidad pretendida. La cámara se instaló días previos al despido, 4 o 5 días antes de que se grabasen los hechos, por lo que no estuvo instalada por un largo periodo de tiempo. Y se colocó en una estancia en la que habitualmente no hay nadie o no permanece nadie, nada más que para depositar o retirar material».
«No se trata de un supuesto en el que de forma permanente se esté grabando el puesto de trabajo de un empleado, recogiendo todo lo que hace durante su jornada. Aquí, la afección a la intimidad del personal es mínima. Finalmente, no existían otros medios menos invasivos para conocer y demostrar lo que sucedía«, añade.
Es acorde con la doctrina establecida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de julio de 2022. No se vulneraron los derechos fundamentales del empleado «por lo que se rechaza la nulidad del despido y se posibilita valorar las grabaciones obtenidas por la empresa como medio válido para probar los hechos imputados».
El trabajador despedido recurrió en suplicación ante el TSJM alegando indefensión y solicitando que se declarase la improcedencia del despido porque la grabación se hizo de una forma ilícita, si bien no puso en tela de juicio la declaración de hechos probados.
El Tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJM, en su sentencia ratifica el despido.
En su fallo, los cuatro magistrados hacen especial hincapié en que la grabación cumplió los cuatro requisitos exigidos por la sentencia de 5 de septiembre de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), «asunto Barbulescu», transpuestos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En lo que se ha pasado a denominar el «test Barbulescu»: idoneidad, que la cámara estuviera dirigida a verificar quien estaba cometiendo esa sustracción; necesidad, que las imágenes obtenidas fueran necesarias como prueba; proporcionalidad, que la captación a un espacio concreto durante una duración determinada; e intensidad en la intromisión, que no se vulnerara el derecho a la intimidad del trabajador por la colocación de la cámara.
Una doctrina que después fue afinada aún más por el caso López Ribalda II en ese mismo TEDH y que hizo tanto el Supremo como el Constitucional la hicieran suya, y que venía a hacer hincapié aún más si cabía que las empresas pueden videovigilar siempre que su uso sea proporcional y al que también hace referencia este tribunal.
Por lo tanto, cuando concurra la existencia de una sospecha fundada de que se ha cometido una falta grave existiría una justificación de peso para implantar cámaras ocultas. «Diferente sería el supuesto de que las cámaras se hubieran instalado como medida general de control», aclara.
